¿Qué pasa en Ceuta? Josema Vallejo analiza el decreto «HUMO» del Gobierno

Mientras las calles de la Ciudad Autónoma colapsan bajo la presión de un flujo desbordado y la tensión ciudadana alcanza máximos históricos, la respuesta del Gobierno central no ha sido enviar refuerzos operativos, articular un plan de contención real ni respaldar a los agentes de primera línea. Su respuesta ha sido un documento de cinco folios redactado en la moqueta de un despacho madrileño: el Real Decreto 681/2026.

Mira este vídeo donde Josema Vallejo, vicepresidente de @PoliciaSXXI, lo explica alto y claro:

Otra maniobra de escapismo político. Otro ejercicio de retórica burocrática diseñado no para resolver una crisis de Seguridad Nacional, sino para evadir responsabilidades operativas.

El articulado es una cáscara vacía. Un recital de conceptos huecos —“transversalidad”, “resiliencia”, “mecanismos de coordinación”— redactado en el lenguaje anestésico de las ciencias sociales que nada aporta al guardia civil a pie de valla ni al policía en la calle. No hay un solo protocolo claro de intervención, ni un incremento de medios materiales, ni una estrategia de contención real. Todo se reduce a desplegar el marco de los artículos 23 y 24 de la Ley 36/2015 para construir un paraguas de impunidad política: si la gestión se convierte en un éxito publicitario, la medalla se la cuelga el Ejecutivo; si la situación se desborda, la culpa recaerá sobre las administraciones locales.

Lo verdaderamente alarmante de este RD 681/2026 radica en su blindaje informativo. El artículo 10 cercena la autonomía comunicativa de los gabinetes operativos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las FAS, obligando a filtrar toda la información a través de la Secretaría de Estado de Comunicación. No se busca gestionar la seguridad en la frontera; se busca controlar el relato, silenciar la realidad del terreno y sustituir los hechos por propaganda institucional.

Designar como «autoridad funcional» al responsable de Política Territorial no es una solución estratégica; es la constatación de que la seguridad ciudadana wse gestiona con criterio electoralista y no con rigor operativo. Mientras se criminaliza la protesta vecinal y se califica de maniobra partidista el malestar social, la realidad es incontestable: Ceuta es tan España como Madrid, Zaragoza o Sevilla, y sus ciudadanos no pueden quedar a la intemperie por el cálculo político de un gabinete.

Basta de discursos de moqueta y resoluciones de papel mojado. La seguridad de una nación no se defiende con titulares ni con ingeniería verbal, sino con respaldo operativo, firmeza institucional y voluntad política.