España, zona de confort criminal: un país diseñado para el delincuente
En una entrevista reciente, Josema Vallejo —vicepresidente de Una Policía para el Siglo XXI y coautor del libro España, Zona de Confort Criminal— expuso con crudeza el diagnóstico de un sistema que se ha convertido en el mejor aliado del delincuente.
Mira aquí la entrevista completa:
El título de la obra no es casual: “zona de confort criminal” significa un lugar donde el delito no solo no se castiga, sino que se recompensa. El delincuente empieza con pequeños hurtos, comprueba que no pasa nada y escala en su carrera hasta que el crimen se convierte en su modo de vida. Según Vallejo, toda España se está transformando en un espacio donde la impunidad es la norma y la criminalidad se profesionaliza a costa de la seguridad de los ciudadanos.
El análisis se conecta con el concepto de las No Go Places, zonas que ya existen en Francia y Suecia, donde la policía ni siquiera entra porque generaciones de inmigrantes, agrupados en barrios de protección oficial, han levantado espacios hostiles contra el Estado. De la agresión verbal se ha pasado a las armas de fuego. España, advierte Vallejo, está a menos de una década de recorrer el mismo camino si no se toman medidas drásticas.
El problema se agrava por el negacionismo oficial. El gobierno maquilla estadísticas mientras la realidad estalla: los homicidios consumados han subido un 13%, los intentos de homicidio un 68%, los delitos sexuales un 81% y las violaciones un 275%. La criminalidad más grave se dispara, pero se esconde detrás de cifras maquilladas de hurtos y robos.
Otro de los datos silenciados es el de la nacionalidad de los delincuentes. El 37,3% de los delitos sexuales son cometidos por extranjeros, cuando solo representan el 13% de la población. Una estadística conocida internamente por las autoridades, pero borrada de los informes públicos para no incomodar a la política oficial de inmigración.
Las soluciones están claras: tomar conciencia del problema, diagnosticarlo correctamente y actuar con leyes contundentes y acción policial real. Hace falta apoyo institucional a quienes sostienen la seguridad —policías, vigilantes y funcionarios de prisiones— que hoy carecen de respaldo político y de medios suficientes.
Si no se rectifica, España pasará de ser una democracia europea a convertirse en un territorio donde los ciudadanos son rehenes y los delincuentes disfrutan de una impunidad asegurada.