El precio de abrir la boca

La noticia no ha sido tendencia. No ha abierto telediarios. Ni rastro en El País ni en la SER. Pero es histórica: por primera vez en democracia, un Director General de la Policía y un Comisario Principal han sido imputados por acoso, prevaricación y coacciones contra un agente que se atrevió a hacer lo que otros no se atreven ni a pensar: hablar.

Francisco Pardo Piqueras y Luis Guillermo Carrión se han sentado ante el juez. Y han tenido que explicar por qué, en plena España del siglo XXI, se utilizaron los resortes del Estado para triturar a un policía por razones ideológicas, profesionales y personales. No por robar, no por pegar a nadie, no por mentir en atestados: por opinar. Por decir, con datos, lo que ellos callan por servilismo o por cobardía.

Samuel Vázquez, hoy portavoz nacional de seguridad de VOX y presidente de Una Policía para el Siglo XXI, fue perseguido por su propia casa. Cinco expedientes en tres meses, sin denunciante, sin base, sin más delito que haber desnudado el modelo policial español en público. Sin más pecado que enseñar ciencia en una cueva de brujería.

Y lo hicieron motu proprio. A puerta cerrada. Como se hacen las cosas en los cortijos. ¿Por qué? Porque un vídeo, una comparecencia en la Asamblea de Madrid, les dejó en evidencia. Porque fue la voz que rompió la liturgia del silencio institucional. Porque mientras él planteaba soluciones y ofrecía datos reales, ellos solo pensaban en cómo silenciarlo. No podían tolerar que se cuestionara su gestión, sustentada en la manipulación de las estadísticas delictivas y la propaganda

No lo pudieron callar con sanciones. Le fabricaron expedientes como quien imprime papeles. Uno por vilipendiar a dos mandos que ni siquiera declararon ni denunciaron. Otro por un cartel que no diseñó. Otro por un tuit que no escribió. Y uno más, el más sangrante: por haber comparecido en sede parlamentaria, requerido como experto. El único policía sancionado en Europa por hacer lo que exige la ley: comparecer ante los representantes del pueblo como presidente de una asociación civil.

Y eso no fue todo. Se atrevieron a prohibirle presentarse a unas elecciones —violando la Constitución— sólo por tener un expediente abierto. No sancionado, abierto. Mientras a otros, con la misma situación, sí se les permitió. Porque esto no iba de derecho. Iba de él.

Samuel Vázquez, el mismo que ganó un juicio al secretario de Estado de Seguridad por extralimitarse, el mismo que lleva una década escribiendo, formando, compareciendo y construyendo ciencia policial en un erial de mando y propaganda, ha logrado ahora llevar a los tribunales a quienes creyeron que la Policía era suya. No lo es. Ni de Pardo, ni de Carrión, ni de Marlaska. La Policía es del pueblo, y debe protegerlo de los delincuentes, incluso cuando visten uniforme y despacho.

Ahora que el juez ha abierto diligencias, sólo esperamos que no se quede ahí. Porque la cadena de cobardía y complicidad no acaba en esos dos nombres. Porque hubo quienes firmaron sin preguntar, tramitaron sin objetar y miraron hacia otro lado cuando debían haber parado el atropello. Porque hay demasiados profesionales honestos asqueados de servir bajo esta cultura del miedo y del sectarismo.

España necesita una policía libre. Y para eso, primero hay que barrer a quienes usan la placa como escudo de impunidad. Ya hay dos en el banquillo. No serán los últimos.

Nota de prensa completa:

Nota-de-Prensa-Imputados-Mandos-Policiales

Deja un comentario