María Jesús Montero y la presunción de inocencia: el último asalto al Estado de derecho
Por Sergio De La Torre @Delatorre_sg
Coordinador de @PoliciaSXXI
Si algo hemos aprendido en estos años de lucha contra el crimen y el caos es que, cuando se pervierten los principios del Estado de derecho, todo se desmorona. Lo que ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la presunción de inocencia es una muestra de que el poder político ha perdido por completo la conexión con la realidad, y lo que es peor: con los pilares básicos de nuestra democracia.
"Qué vergüenza que la presunción de inocencia esté por delante del testimonio de la víctima"
— Josema Vallejo (@JosemaVallejo) March 29, 2025
2025: una vicepresidente de un gobierno europeo pasándose por el forro más de 2000 años de fundamentos del Derecho y más de 75 desde la Declaración Universal de Derechos Humanos. pic.twitter.com/mXyb6YR7hI
La presunción de inocencia no es un capricho ni un estorbo. Es un principio fundamental que evita que caigamos en la barbarie. Si lo eliminamos, volvemos a la época en la que bastaba una acusación para que alguien fuera quemado en la hoguera. Sin garantías, sin pruebas, sin defensa. Pero lo que ha dicho Montero es todavía más grave: ha dejado claro que hay ciudadanos con derechos y ciudadanos sin ellos, dependiendo de quiénes sean y de quién los acuse. Y eso, en el fondo, es la base del modelo de inseguridad que han construido.
Desde @PoliciaSXXI llevamos años denunciando que se ha impuesto un modelo donde las víctimas son invisibles, donde los criminales campan a sus anchas y donde los policías son el único dique que contiene la avalancha. Pero también sabemos que este modelo no es fruto de la casualidad. Es el resultado de años de políticas que han degradado la seguridad, la justicia y el orden público. Primero fueron las leyes garantistas que han convertido la reincidencia en un chiste. Luego, la criminalización del trabajo policial. Ahora, el golpe final: si la presunción de inocencia estorba, se borra.
El problema es que esto no es un error ni un simple exabrupto de la ministra. Es una estrategia. Quieren que el Estado de derecho sea selectivo, que la justicia se administre según el dogma del momento. Es el mismo mecanismo que nos ha llevado a la degradación de la seguridad en nuestras calles: un modelo de seguridad disfuncional, controlado por burócratas que no han patrullado un barrio en su vida, mientras los profesionales que saben cómo combatir el crimen son apartados, ignorados o perseguidos.
Nosotros lo hemos dicho muchas veces: el modelo policial debe estar basado en la eficacia, no en la ideología. Y para eso hay que recuperar el sentido común, el principio de realidad y, sobre todo, la voluntad de proteger a los ciudadanos. La presunción de inocencia, el debido proceso y las garantías jurídicas no son obstáculos: son la única línea que separa la civilización de la selva.
Pero para ellos la ley solo es un arma política. Si hoy pueden decir que la presunción de inocencia es un estorbo, mañana decidirán que no hace falta ni jueces ni fiscales. ¿Para qué, si ya tienen la verdad absoluta? Lo que proponen es un mundo donde los poderosos imponen su justicia y los ciudadanos están indefensos. Lo que nosotros defendemos es lo contrario: una justicia igual para todos, un modelo policial que funcione y una sociedad donde el crimen no sea la mejor opción para vivir bien.