
Guardias civiles para Rafah, pero no para Valencia
Para salvar a sus compatriotas de una riada, no hubo guardias civiles a tiempo; para desplegarlos en la frontera de Gaza con Egipto, sí. Así funciona este país.

Mientras el agua arrasaba barrios y ponía vidas en peligro en Valencia, las autoridades se entretenían en lo suyo: discutir competencias. ¿De quién es el marrón? ¿A quién le toca mojarse—pero no literalmente—para solucionar el desastre? Los ciudadanos agonizando en los garajes sabiendo que iban a morir, los negocios anegados, los agricultores viendo perder su trabajo, y la respuesta del Estado fue un interminable cruce de brazos y excusas.

Porque aquí la gestión de la crisis no estuvo en manos de profesionales preparados, sino de burócratas y políticos cuyo único miedo es perder la poltrona. No hubo una respuesta rápida, no hubo efectivos desplegados de inmediato. Hubo despacho, hubo papeles, hubo “no es nuestra competencia”. Y la factura, como siempre, la pagaron los ciudadanos.
Lo peor de todo es que sí había guardias civiles dispuestos a ayudar. Voluntarios, con formación, con medios, con ganas de hacer lo que juraron: servir y proteger. Pero no les dejaron. Los mandos prohibieron que se movilizaran. Porque aquí, en España, a los agentes se les quiere sumisos, invisibles, obedeciendo órdenes absurdas mientras la gente a la que protegen queda abandonada a su suerte.

Pero cuando llega la llamada de fuera, cuando la orden viene desde más arriba y toca jugar en la arena internacional, entonces la cosa cambia. Entonces hay efectivos. Entonces hay presupuesto. Diez agentes del GAR enviados a Rafah, a la frontera de Gaza con Egipto, porque de repente la Guardia Civil sí es útil, sí merece reconocimiento. En España no les permiten actuar, pero en una misión en el extranjero sí son imprescindibles.
¿Por qué? Porque esto no va de proteger a los ciudadanos. Va de quedar bien en Bruselas. Va de seguir directrices ajenas, de buscar titulares favorables, de demostrar que España es un socio fiable para la política internacional, aunque eso signifique abandonar a los suyos. No es una cuestión de seguridad ni de estrategia. Es una cuestión de imagen.

Porque si alguien cree que este gobierno movería un dedo por proteger a los suyos, que se lo haga mirar. Llevan años desmantelando la seguridad pública, dejando barrios enteros a merced de los delincuentes, metiendo ideología y política en la gestión policial y poniendo trabas a los pocos que aún tienen vocación. Un agente de la Guardia Civil puede ser enviado a un conflicto internacional, pero no puede patrullar con un fusil de asalto en algunos barrios de su propio país porque «genera tensión». Puede supervisar un paso humanitario en Rafah, pero no puede entrar en ciertas zonas de Ceuta y Melilla con los medios necesarios y sin jugarse la vida porque el Estado ha renunciado a su autoridad.
Para proteger a los ciudadanos de Valencia no hubo Guardia Civil. Para monitorizar la situación en la frontera de Rafah, sí. Para reforzar la seguridad en barrios tomados por el crimen, o hacer frente a las narcolanchas en el Campo de Gibraltar no hay recursos. Para mandar agentes fuera y que unos cuantos políticos se cuelguen la medalla en Bruselas, sí.
Así que la próxima vez que vean a su país inundado, que vean la violencia adueñarse de sus calles, que vean a los criminales hacer lo que les da la gana, recuerden esto: los guardias civiles podían haber estado ahí. Pero el gobierno no quiso.