El presente documento es una propuesta que pretende regular el despliegue y el uso de la fuerza desde la dimensión de sus condiciones y por eso se trata de un documento de derecho positivo. Al contrario que los marcos de referencia actuales, que son derecho de excepción, que prohíbe el uso de la fuerza salvo situaciones basadas en principios generales del derecho, que pueden ser interpretados de diferente manera para cada caso, a riesgo de condenar a un inocente y dejar impune a un culpable. La situación de indefinición jurídica actual produce inseguridad para todos los implicados en el despliegue y uso de la fuerza, tanto para los agentes, como para los sujetos pasivos y ciudadanos beneficiarios del servicio.
Por otro lado, está el escenario de seguridad, más transversal que nunca y al que no se puede enfrentar un modelo de seguridad fragmentado. Un marco común de referencia no significa “hacer las mismas cosas de la misma manera en todos los estados”, sino que significa “hacer las mismas cosas” o al menos “llamarlas de la misma forma” y hacerlo con unos estándares de calidad mínimos equiparables.
Tal equiparación permitirá elaborar análisis comparados de la respuesta a las amenazas, y hacerlo de forma sistémica, ya que tanto militares como civiles, sanitarios como policías, seguridad privada como seguridad pública, todos ellos confluyen en las mismas situaciones frente a los mismos actores y bajo un mismo marco de derechos humanos y fundamentales. El análisis comparado a su vez permitirá obtener lecciones aprendidas y transferir metodologías de trabajo, de modo que la seguridad, el orden público y la salud pública, pasen a ser percibidos como instrumentos legales y no como amenazas.
Descarga el Protocolo del Uso de la Fuerza en el siguiente enlace:
