Denunciamos posibles ordenes ilegales del Ministerio del Interior y Mandos Políticos para que las FFCCSE no actúen y permitan escenarios violentos.
Es necesario oír en declaración ante los Tribunales a los policías operativos, para que puedan contar la verdad de lo que está pasando, dada la excesiva politización de los Mandos en el actual modelo policial y sus incentivos para defender la versión política de la realidad.
Madrid, 09 de abril de 2021. Desde Una Policía para el S.XXI, y en relación a los episodios violentos y de orden público que se vienen sucediendo queremos manifestar:
En el día de ayer hemos presentado denuncia en los Juzgados de Plaza Castilla ante lo que parece ser una utilización torticera de las FFCCS por parte de los mandos políticos para permitir una escalada de violencia.
Llevamos denunciando desde nuestro nacimiento como asociación la imposición de la ideología política en la seguridad pública, lo que implica defender estructuras de poder político y desatender los problemas reales de los ciudadanos.
La crispación que han creado en Cataluña se ha trasladado a Madrid y otros puntos de España, quieren una espiral de violencia de la que será más difícil salir cuanto mas escale, como demuestra nuestra historia reciente de terrorismo callejero en el País Vasco.
Usar a jóvenes manipulables para hacer de la violencia una herramienta política, es propio de organizaciones terroristas, y pretende que una parte de la ciudadanía viva con miedo a ejercer derechos fundamentales que protege la Constitución, empleando ese miedo como herramienta política.
La experiencia de las Unidades de Intervención Policial (UIP) en los últimos años demuestra que los diferentes gobiernos no se han preocupado de garantizar el Estado de Derecho, sino lo que ellos consideran el derecho del estado, que no oculta otra cosa que sus propios intereses.
Por lo anterior, hemos decidido trasladar este problema a los Tribunales de Justicia y a la Unión Europea, para que se investiguen los entresijos de la gestión del orden público.
Los gestores a nivel político y policial son responsables de la violencia desatada en las calles y deben asumir su responsabilidad.
Enlace a la denuncia presentada:
