Defender la Ley o defender a la Autoridad

En otros artículos de Una Policía para el Siglo XXI hemos abordado este dilema, ambas ideas, autoridad y ley merecen ser disociadas desde el momento que la autoridad, a menudo tiene una agenda que puede servir intereses ajenos al Estado y operar al margen de la Ley como nos vienen demostrando desde hacer años los diferentes gobiernos cada vez que sus miembros acaban en el banquillo de los acusados.

Hay otra clase de autoridades a las que el poder político decide vincularse, por lo general son autoridades extranjeras con una agenda ajena a la del Estado y a los que habitan en él, a quienes les resulta indiferente que las cosas les vayan bien o mal a los españoles, que se pueden permitir dejar el camino sembrado de cadáveres por donde pasan y desaparecer si las cosas van mal, las hemos llamado “Fuerzas del Caos” porque hacen lo contrario a las “Fuerzas del Orden”. Las agendas buscan control político y económico, algo que un policía no tiene por qué defender si la Autoridad compite con la Ley a cambio de un cargo en un Consejo de Administración de una empresa. Y el uso de la fuerza es fundamental en este aspecto porque es una materia técnica que ha de ser desvinculada de la política para que no esté al servicio de las agendas.

Tras investigar durante dos años y medio el “uso de la fuerza” y desarrollar un borrador de reglamento europeo, pude llegar a algunas conclusiones:

1. No existen reglas de enfrentamiento que se puedan invocar ante un tribunal por los agentes del orden, y los principios generales del derecho son insuficientes.
2. Existe doctrina académica que se imparte en las escuelas de policía, pero no son disposiciones legales aprobadas por el Gobierno ni por el legislador. No se puede invocar a un temario.
3. El uso de la fuerza en manifestaciones se ha politizado, en los eventos deportivos que se resuelven sin incidentes (y sin injerencia política), es materia técnica-policial.
4. La incompetencia y mala gestión no redundan en responsabilidad política ni administrativa, las lesiones tampoco se las llevan los oficinistas de Interior a su casa.
5. Cuando la responsabilidad llega, el burócrata desaparece. “Nada depende de él” o “él solo cumple órdenes”. Toda la responsabilidad recae sobre el agente, la prensa ataca a la Policía, no a los burócratas, el perjudicado será el que trabaja en la calle.
6. En el orden público la gestión política puede pretender una escalada y que el caos se apodere de las calles en beneficio de los manifestantes como en Barcelona en Octubre y Noviembre de 2019. La responsabilidad ha de ser política en tales casos, no policial.
7. En Barcelona en Octubre y Noviembre de 2019 la Autoridad impidió a la Policía actuar de manera preventiva y desescalar la violencia. Con unas reglas de enfrentamiento establecidas por ley, esto no habría ocurrido.
8. La acción reactiva acabó con más heridos y más daños, los agentes tuvieron que elegir entre ejercer la legítima defensa en contra del criterio político o ser masacrados.
9. Los agentes del orden fueron perseguidos por la Justicia a instancias del poder político asumiendo el riesgo de perder su trabajo.
10. La indefinición jurídica es una debilidad para el estado de derecho y una ventaja para las fuerzas del caos cuando llegan a ocupar posiciones de autoridad.

Además del borrador de reglamento europeo de uso de la fuerza, presentado en la Oficina de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, en el Ministerio de Defensa y en Interior, la investigación dio margen para un libro en que se explica el escenario de seguridad internacional en torno al uso de la fuerza, se comparan diferentes modelos empleando casos prácticos, se expone cómo operan las fuerzas del caos y algunos criterios técnicos para combatirlas.